Entre junio de 2021 y mayo de 2022, periodo que cubre los primeros tres meses del estado de emergencia, las autoridades decomisaron dos mil 965 armas de fuego, según cifras del Ministerio de Seguridad. Ese número se compara con tres mil 683 armas decomisadas en lo corrido de 2018, y tres mil 413 incautadas en 2019, y muestra un leve incremento sobre las dos mil 682 halladas en 2020, según datos de la Policía Nacional de El Salvador.
Por Roberto Valencia
Ciudad de México, 28 julio (InSight Crime).- Después de casi cuatro meses de régimen de excepción en El Salvador no han desarmado a las pandillas.
A finales de marzo, el Presidente Nayib Bukele desató la #GuerraContraPandillas –ese es el hashtag oficial–, y el Gobierno se jacta de haber detenido ya a más de 46 mil “terroristas”, casi todos ellos presuntos integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18-Revolucionarios y Barrio 18-Sureños. Sin embargo, el número de fusiles incautados apenas supera el centenar.
InSight Crime ha tenido acceso exclusivo a informes internos de la Policía Nacional Civil (PNC) que registran al detalle la incautación de fusiles de asalto. La PNC asegura haber restado a las maras 39 fusiles en el mes de abril, 24 en mayo y 34 en junio.
Esos 97 fusiles más los 37 que la PNC había incautado en el primer trimestre del año totalizan 134, cifra ligeramente superior a los 117 fusiles que la PNC incautó –sin régimen de excepción– en la primera mitad de 2021. Si la comparación es con los años anteriores, esos 134 fusiles en seis meses palidecen aún más: la PNC arrebató a la delincuencia organizada 321 fusiles en 2020, 508 en 2019 y 540 en 2018.
Entre junio de 2021 y mayo de 2022, periodo que cubre los primeros tres meses del estado de emergencia, las autoridades decomisaron dos mil 965 armas de fuego, según cifras del Ministerio de Seguridad. Ese número se compara con tres mil 683 armas decomisadas en lo corrido de 2018, y tres mil 413 incautadas en 2019, y muestra un leve incremento sobre las dos mil 682 halladas en 2020, según datos de la Policía Nacional de El Salvador.
“Las pandillas todavía siguen ahí, con fuerza para atacar”, admitió el Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en la improvisada conferencia de prensa que brindó la noche del 28 de junio, horas después de que una clica del Barrio 18-Sureños asesinara a tres agentes de la PNC en Santa Ana. Según las indagaciones preliminares, los tres policías –dos hombres, una mujer– fueron ametrallados con fusiles.
¿Qué es un fusil de asalto? Son armas largas automáticas (disparan sin cesar cuando se hala el gatillo) que la legislación salvadoreña considera “armas de guerra” y que, por lo tanto, no deberían estar en manos de civiles; sin embargo, desde hace una década los fusiles son un arma habitual en los arsenales de las pandillas. Fusiles son el M-16, el AR-15, el AK-47, el Galil, el G3, el ARAD.
Los informes a los que tuvo acceso InSight Crime evidencian el escaso éxito que el Estado salvadoreño está teniendo para ubicar los arsenales de las maras. Esos informes también permiten poner en cuarentena el triunfalismo de Bukele, quien el pasado 1 de junio, día en el que se cumplían tres años de su mandato, llegó a la Asamblea Legislativa y pronunció estas palabras: “Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”.
GUERRA CONTRA PANDILLAS
El Salvador vive desde el 27 de marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende a la ciudadanía derechos constitucionales, y faculta a la PNC y a la Fuerza Armada a realizar detenciones hasta por 15 días sin que el detenido sea presentado ante un Juez. El propio Bukele solicitó el régimen de excepción por 30 días, y ya ha sido prorrogado en cuatro ocasiones por una Asamblea ampliamente controlada por el oficialismo.
El régimen de excepción y la #GuerraContraPandillas fueron la respuesta del bukelismo a la matanza ocurrida el último fin de semana de marzo, cuando en tres días fueron asesinados 87 salvadoreños. Una investigación del periódico digital El Faro publicada el 17 de mayo reveló que la matanza fue obra de la MS13, pandilla que quiso mandar un mensaje tras la detención de varios de sus líderes, en el marco de las negociaciones que el Gobierno mantenía con las tres principales pandillas desde finales de 2019, negociaciones que el Gobierno niega.
Ahora, en los primeros casi cuatro meses del régimen de excepción, la administración Bukele se jacta de haber capturado a “46 mil 694 terroristas”, mientras que desde que inició el año hasta el 27 de marzo la PNC había detenido a poco más de dos mil supuestos pandilleros. Dos mil pandilleros en los tres meses previos frente más de 46 mil en el trimestre largo de la #GuerraContraPandillas.
Con estas cifras de detenciones, que la incautación de fusiles de asalto en 2022 sea similar a la de 2021 sugiere que las pandillas han logrado ocultar bien la mayoría de sus M-16, AR-15, AK-47 y demás fusiles.
En una entrevista que concedió a la BBC a finales de abril, cuando ya se había cumplido el primer mes del régimen de excepción, la pandilla Barrio 18-Sureños aseguró que no responderían con fuego a la ofensiva estatal y que tratarían de ocultar sus fusiles y demás armas. “La propuesta del Barrio 18-Sureños es mantener nuestro equipo a la sombra”, dijeron.
Los informes de la PNC sobre incautaciones modestas de fusiles avalan la hipótesis de que las tres pandillas han optado, de momento, por no confrontar con el Estado.
“Nosotros nos mantenemos de pie, en la paz, dejando la opción del fuego, de la guerra, como última instancia, como última alternativa, de sobrevivencia”, dijo la rueda de la 18-Sureños (integrada por sus principales cabecillas en libertad) en la entrevista a la BBC.
Durante el régimen de excepción, El Salvador presenta unas cifras de violencia homicida particularmente bajas, más bajas incluso que las registradas en las semanas y meses previos a la matanza de marzo que desató la #GuerraContraPandillas.
Contrario a lo que sucedió en 2015, cuando se rompieron las negociaciones entre las pandillas y el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) –proceso de diálogo conocido como la Tregua–, la ruptura de la negociación con la administración Bukele no se ha traducido en una confrontación abierta entre las fuerzas de seguridad y los pandilleros. No al menos de momento.
Los tres policías asesinados por la 18-Sureños el 28 de junio en Santa Ana más parecen una acción puntual de una entre las cientos de clicas que operan en El Salvador que una decisión de esa pandilla de abandonar la estrategia de contención. En las tres semanas posteriores al triple homicidio esa pandilla no ha protagonizado ataques similares a la PNC o a la Fuerza Armada.
MEJOR NEGOCIACIÓN Y MEJOR COMBATE
“Sí estoy sorprendido, sí estoy sorprendido... precisamente porque es muy diferente a lo visto antes”, responde Luis Enrique Amaya, investigador y consultor salvadoreño especializado en seguridad pública a InSight Crime, al ser cuestionado sobre por qué las pandillas no han respondido (de momento) la ofensiva estatal desatada el 27 de marzo. Amaya es investigador y consultor especializado en seguridad pública, un referente en El Salvador cuando se habla de estos temas.
“Este Gobierno, el Gobierno de Bukele, ha sido el que mejor ha negociado con las pandillas y, a la vez, el que mejor ha golpeado a las pandillas”, agrega Amaya.
Lo que Amaya llama “la mejor negociación y el mejor combate contra las pandillas” tiene como fundamento dos elementos: en primer lugar, la concentración de poder que tiene este presidente, que va mucho más allá del Poder Ejecutivo y le permite crear o reformar leyes “de un día para otro”, algo de lo que no dispusieron ninguno de los seis gobiernos que le precedieron; y en segundo lugar, porque todas las encuestas serias publicadas señalan que el presidente conserva un respaldo popular masivo.
“Bukele tiene menos restricciones legales y de derechos humanos que otros presidentes, lo que le ha permitido tener una negociación mejor y un combate mejor que los anteriores, y desde ahí explico yo que no haya una contraofensiva de momento de parte de las pandillas, porque este presidente las está golpeando más que los anteriores”, remarca Amaya.
InSight Crime también consultó a Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, un think tank respetado en el campo de resolución de conflictos. Breda también cree que el escenario actual es radicalmente distinto al vivido en 2015, tras la ruptura de la Tregua.
“Las pandillas pagaron un precio muy alto en 2015-2016 [cuando optaron por la guerra abierta contra la PNC y la Fuerza Armada], y por eso probablemente estén considerando una confrontación abierta como el último y menos deseable escenario, esperando tal vez que, como en ocasiones pasadas, esta muestra de músculo del Gobierno Bukele sea temporal”, dice.
“La segunda razón –prosigue Breda– es que el despliegue de fuerzas del Estado y la magnitud de los arrestos han sido sorpresivos, forzando las pandillas a priorizar la retirada estratégica para evitar la detención. Hay que decir también que, a pesar de la retórica oficial, la ofensiva del Estado actual se está enfocando más en los arrestos que en la aniquilación”, como sucedió después de la Tregua.
Según Breda, “que las pandillas hayan logrado esconder la mayoría de sus armas” es una de las razones que explica las relativamente bajas incautaciones de fusiles que reporta la PNC.
¿Y AHORA QUÉ?
Los dos analistas consultados coinciden en que, en el corto y medio plazo al menos, son remotas las posibilidades de que el país sufra un repunte homicida similar al de 2015, cuando se registró una tasa surrealista de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes. Proyectados para todo el año los datos oficiales cosechados en el primer semestre, El Salvador cerraría 2022 con unos 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja del siglo en curso.
“No me parece que haya condiciones para una contraofensiva de las pandillas en el corto plazo. Yo veo más, veo la posibilidad de que haya un intento de reconstruir las condiciones para el diálogo y la negociaciones, sobre todo de cara al proceso electoral del año 2024”, dice Luis Enrique Amaya.
“Que El Salvador regrese a los índices de 2015 me parece improbable, pero el riesgo de que los registros de homicidios vuelvan a subir es muy alto, sobre todo si el Gobierno se cierra a una reanudación del proceso que regía antes de marzo o una propuesta de desmovilización para aquellos que quieran dejar la vida pandilleril y rehabilitarse”, dice Tiziano Breda.
De momento, el discurso gubernamental ante la opinión pública se mantiene firme en la #GuerraContraPandillas. “Un mensaje que queremos enviar a las pandillas es que esto no va a quedar así, y que van a pagar caro el asesinato de estos tres héroes”, dijo Bukele en la conferencia tras el triple homicidio de policías perpetrado por una clica de la 18-Sureños.
Incluso se ha iniciado en el área rural de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, la construcción de una megacárcel diseñada para albergar a unos 20 mil pandilleros.
No obstante, Bukele ya ha demostrado una capacidad para negar que está negociando con las maras –y hasta maldecir a quienes lo hicieron en el pasado– mientras sus funcionarios lo están haciendo bajo la mesa. Uno de esos interlocutores, la pandilla Barrio 18-Sureños, lo evidenció en la entrevista concedida a la BBC.
